Madrid (Notimex ).- El alcalde de Marbella (Málaga) y ex presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, acudió ayer a la primera sesión del juicio del "caso Atlético" por el que el fiscal solicita 34 años de cárcel y multas superiores a los 12 millones de dólares.
Gil está acusado de 17 delitos por el supuesto desvío de más de dos millones y medio de dólares del Ayuntamiento de Marbella (unos 550 kilómetros al Sur de esta capital) al Atlético de Madrid para el patrocinio de las camisetas del equipo.
El fiscal pide además 121 años de inhabilitación para Gil, quien fue destituído en diciembre pasado como presidente del Atlético de Madrid, club de futbol del cual es propietario y que ahora se encuentra bajo administración judicial.
A su entrada a la Audiencia Provincial de Málaga, Gil dijo a los periodistas que vino "a pedir justicia y nada más" porque "cuando no hay delito, no hay delito" y "con decir la verdad, sobra".
El polémico político y empresario aseguró no estar nervioso y que estaba deseando de que comenzara el juicio para que se aclarase todo este asunto en el cual, sostuvo, "se han vulnerado todos los derechos fundamentales".
Esta línea siguió la argumentación del abogado de Gil, Horacio Oliva, quien solicitó en una intervención de unas dos horas la anulación de todo lo actuado hasta ahora por supuestas irregularidades en la instrucción llevada a cabo por el juez Santiago Torres.
Según Oliva, el juez violó derechos fundamentales de su defendido como la tutela judicial, el derecho a la intimidad, el derecho al juez predeterminado por la ley o el derecho de la defensa a usar las pruebas que considere necesarias.
La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, formuló una acusación contra 11 procesados y atribuyó a Gil los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y prevaricación.
Este caso llevó a Gil a prisión en enero de 1999 junto a su ex asesor jurídico, José Luis Sierra, y el ex primer teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román, quienes días después quedaron el libertad provisional bajo fianza.
Entre los acusados figuran, además de los citados, el ex vicepresidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el ex director general e hijo de Gil, Miguel Angel Gil Marín, y el ex presidente del Sevilla Futbol Club, Luis Cuervas, entre otros.
La Fiscalía pide para todos ellos penas que oscilan entre los cinco y los 27 años de cárcel y multas de entre un millón 200 mil dólares y 10 millones de dólares por diversos delitos relacionados con el desvío de fondos públicos al Atlético.
La portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel García Marcos, dijo que en la localidad andaluza "se ha vivido un modelo de corrupción organizado sin límites y que lo abarca todo".
García Marcos consideró "lamentable y triste que Marbella se vea mezclada por personajes que han administrado de forma tan irregular los recursos de la ciudadanía".