Presentan pruebas contra defraudador de indocumentados

Los consulados de México en California asesoran a los connacionales para obtener su residencia legal en Estados Unidos.

San Diego, California (Notimex).- La Procuraduría de distrito presentó ayer ante la Corte Superior de California, y a petición del consulado de México en San Diego, las primeras pruebas contra Henry Barela, acusado de defraudar a más de 100 indocumentados mexicanos. Barela, un ex empleado del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), se hizo pasar como abogado de migración que podría gestionar la residencia legal en Estados Unidos de los indocumentados por el pago de unos mil dólares por cada uno.
La investigación de la procuraduría determinó que Barela nunca presentó documento alguno ante las oficinas del SIN, tampoco estudió leyes ni está registrado como abogado profesional y sólo trabajó de manera temporal como empleado del SIN en San Diego.
Barela aprovechó la confusión que generó desde diciembre pasado la aprobación de una ley que otorga “amnistía” o regularización migratoria a ilegales que tenían derecho a residencia desde 1986 pero fueron excluidos por error del SIN.
En el proceso judicial, el presunto abogado se declaró inocente, pero la Procuraduría en coordinación con el consulado presentó el testimonio de un migrante a quien Barela cobró unos cinco mil dólares por supuestos trámites de regularización para sus familiares.
El migrante, identificado como Pérez para protegerlo, testificó que el supuesto abogado se presentó como un profesional con experiencia en el campo de leyes migratorias estadounidenses.
En las últimas semanas los consulados de México en Los Angeles, Fresno, Sacramento, San Jose, San Diego y Santa Ana, todos en California, asesoran a sus connacionales sobre las posibilidades de obtener la residencia legal permanente en Estados Unidos.
La ley concede residencia a quienes tienen derecho a la “amnistía” de 1986 (quienes llegaron a Estados Unidos antes de 1992), que salieron del país luego de empezar a tramitar su regularización, y que por haber viajado al extranjero el SIN les negó ese derecho.
El plazo para que estas personas presenten de nuevo solicitudes de residencia al SIN concluye en marzo, y la ley establece una cuota de mil dólares para que puedan permanecer en el país mientras concluye este trámite.