Cada vez es más evidente la necesidad de ajustes en el área de gobierno estatal que atiende a los paisanos avecindados en Estados Unidos. Y ojalá se comprendiera, y sería esta una primera modificación esencial, que las sustituciones de funcionarios no deben obedecer a criterios de política electoral, sino de eficacia administrativa

Será por el lodazal provocado por las lluvias, pero la clase política local, esa que a diario ve retratada en los periódicos y escucha en la radio, es incapaz de salir de un atascadero. En junio, los diputados de gordas carteras anotaron en sus agendas un periodo extraordinario de sesiones que se verificaría durante sus escuetas vacaciones, es decir, entre julio o agosto. Para entonces, suponían, habrían de aprobar tres ordenamientos: El nuevo Código electoral del estado, la Ley orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Ley de medios de impugnación. Terminó julio, ¿sí, verdad? Ya comenzó agosto, luego llegará el otoño, antes la Feria, y los integrantes de la mesa técnica para la reforma electoral, integrada por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pues pareciera que ronca que ronca, ¿o bronca tras bronca? ¡No han terminado ni siquiera el primer libro del Código! En febrero se instaló la mesa para la reforma electoral. Lo hecho en seis meses fue ratificar lo ya escrito y que no causa disputa. Pero los temas en los que hay desacuerdo, que en realidad son los de mayor trascendencia, apenas si los han bordeado. ¿Periodo extraordinario? Ni lo piensen. Porque septiembre y sus glosas ya alcanzó a los legisladores. Los optimistas dicen que para noviembre acaban. Pero créales. Otros prevén que la reforma se aplicará, de ser posible, hasta 2004... Y esa sí no se la carguen a Miguel Rivera Sánchez, presidente el Consejo general del Instituto Estatal Electoral de Zacatecas. Esa sí no. Porque si es un proceso, el de la reforma electoral, democrático, entonces la culpa se reparte... Mal y de malas, a los priístas zacatecanos les cayó ayer la acusación de que recibieron, el año 2000, dinero que presuntamente desvió Rogelio Montemayor Seguy de Pemex. Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, Aguascalientes y Chiapas serían las otras entidades donde se habría repartido un total de 500 millones de pesos en apoyo de la candidatura malhadada de Francisco Labastida Ochoa. El asunto fue revelado por el periódico El Universal, con base en documentación en poder del Instituto Federal Electoral... Cada vez es más evidente la necesidad de ajustes en el área de gobierno estatal que atiende o debiera atender a los paisanos avecindados en Estados Unidos. Y ojalá se comprendiera, y sería esta una primera modificación esencial, que las sustituciones de funcionarios no deben obedecer a criterios de política electoral, sino de eficacia administrativa. Es grave que prospere la idea entre los residentes en la Unión Americana de suspender, un día por lo menos, el envío de remesas, como ejemplar muestra de poder a los ambiciosos funcionarios de los tres niveles de gobierno que acuden a verlos para prometerles apoyos que luego no quedan registrados en ninguna parte, como ocurrió en la reciente reunión celebrada en el condado de Orange. Ayer, el gobierno de la República constituyó el Consejo para mexicanos en el exterior, que suple a la Oficina presidencial para mexicanos en el exterior, que manejaba Juan Hernández. Desvaríos como éste, golpes de timón que son consecuencia de rencillas dentro del gabinetazo, desalientan y confunden a los migrantes, tanto como aquí irrita la desidia de la Secretaría de Planeación del Desarrollo Regional o el franco activismo político de Manuel de la Cruz.