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El PRD en el Congreso “mayoriteó” a la oposición para eximir a Felipe Álvarez de devolver 252 mil pesos al Ayuntamiento de Guadalupe.
Rebotó ayer en el pleno de la 58 Legislatura el dictamen de la Comisión de Vigilancia respecto a la cuenta pública municipal de 2003.
Con el voto de 14 de sus 15 integrantes -sólo Aquiles González sufragó en sentido contrario- la bancada perredista desechó el resolutivo del órgano dictaminador, sustentado en el informe técnico de la Auditoría Superior del Estado- y aprobó un voto particular, propuesto por Humberto Cruz, en el cual el pliego resarcitorio se cambió por recomendaciones al presidente estatal del PRD para portarse bien.
A favor del dictamen original y en contra del voto particular perredista, votaron 12 diputados: cuatro del PRI -faltaron Carlos Alvarado y Román Cabral- los cuatro del PAN, tres del PT -no asistió Constantino Castañeda- y Aquiles González, del PRD.
El diputado Juan Carlos Lozano, presidente de las comisiones de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) y Vigilancia, calificó lo sucedido como un “monumento a la impunidad”.
Jesús del Real, también legislador del PRI, preguntó a sus homólogos del PRD por qué no defendieron con la misma pasión que a Felipe Álvarez, a los otros expresidentes municipales perredistas que la Legislatura sancionó con pliegos resarcitorios aún más severos.
Criticó que la bancada del sol azteca recurriera al “mayoriteo” para envolver en un manto de impunidad al presidente de su partido, sin importarle el daño económico que éste causó a la gente de Guadalupe durante su gestión en el gobierno de ese municipio.
Con su actitud indecente, señaló Del Real, la diputación del PRD demuestra que su moralidad se sustenta en el axioma: “hágase la justicia en los bueyes de mi compadre”.

NEGOCIAN LA LEY
Después de 4 meses -el primer dictamen se presentó en junio y también por “mayoriteo” del PRD se regresó a Comisiones- la Comisión de Vigilancia sometió al pleno el nuevo resolutivo a la cuenta pública 2003 de Guadalupe.
En el documento se contemplaba un pliego resarcitorio por 252 mil pesos, recursos que Felipe Álvarez comprobó con copias fotostáticas ante la Auditoría Superior del Estado, así como responsabilidades administrativas por el préstamo de 5 millones de pesos que el entonces alcaldes hizo a particulares sin autorización del cabildo.
Asimiso, por contratar un préstamo de 16 millones con gobierno del Estado sin permiso de la legislatura; y porque dio de alta en el Seguro Social a personas ajenas al Ayuntamiento.
Paralelamente, la bancada del PRD presentó un voto particular en el que modificó el pliego resarcitorio para convertirlo en recomendaciones de buena conducta.
En el debate sobre el tema, Lozano Martínez calificó de torpe e ignorante a Humberto Cruz, hacedor del voto particular.
Afirmó que es muy lamentable que el PRD negocie la ley y advirtió que la ciudadanía está muy consciente de esa irregularidad y sabrá cobrar en las urnas.
Sara Buerba, en defensa de Felipe Álvarez, acusó a Lozano de manipular el dictamen, ignorando el informe técnico de la Auditoría Superior.
Pedro de León demandó que, si efectivamente Felipe Álvarez solventó recursos con copias fotostáticas, debe presentarse denuncia penal contra el exauditor Vicente Jaime Hernández y fincar responsabilidades a Lozano Martínez.
“Los dos -Hernández y León y Lozano- tendrían que irse a la cárcel”, alegó el perredista.
Aclaró De León que en el voto particular no objetan las sanciones administrativas que la ASE finca a Felipe Álvarez por los préstamos que contrató sin autorización y por afiliar al IMSS a personas que no trabajaban en el gobierno de Guadalupe.

GANA LA IMPUNIDAD
Alrededor de hora y media duró el debate por el caso Felipe Álvarez.
A favor del expresidente de Guadalupe hablaron Sara Buerba, Pedro de León y Humberto Cruz. Sustentaron sus argumentos en dos puntos. Uno, Álvarez justificó con originales, no con copias fotostáticas, los 252 mil pesos reclamados. Y dos, Lozano Martínez manipuló el nuevo dictamen con intenciones perversas y sin tener atribuciones legales.
En defensa del dictamen original subieron a tribuna Lozano Martínez y Jesús del Real.
Agotadas las discusiones, se procedió a la votación. Toda la bancada del PRD, excepto Aquiles González, apoyó el voto particular para eximir a Felipe Álvarez de devolver los 252 mil pesos al ayuntamiento.
Y 11 diputados de oposición, más Aquiles González, apoyaron el dictamen original que, finalmente, se fue al bote de la basura.
“Ganó la impunidad”, comentó Lidia Vázquez, diputada del PT.

PIDEN MÁS FONDOS PARA EXBRACEROS

Por unanimidad, la 58 Legislatura aprobó se formule una petición a la Cámara de Diputados federal para que, en la elaboración del presupuesto 2007, etiquete una partida de mil millones de pesos para apoyo social de los exbraceros.
La propuesta, llevada a tribuna por Manuel de la Cruz, Román Cabral y Sonia de la Torre, incluye que la Secretaría de Gobernación amplíe la duración del fideicomiso que administra el fondo de apoyo de los mexicanos que trabajaron en Estados Unidos de 1942 a 1964.
El priísta Cabral Bañuelos pidió agregar un párrafo al punto de acuerdo: Que de esos mil millones, 400 millones sean para pagar a los exbraceros de Zacatecas. También se aprobó.

REFORMAS AL 3X1
Otro punto de acuerdo aprobado por la 58 Legislatura fue solicitar al Congreso de la Unión la modificación a las normas del Programa 3x1 para otorgar más facultades a los clubes de migrantes en la toma de decisiones sobre la ejecución de obras.
Asimismo, que en 2007 de la bolsa federal para el 3x1 se destinen 100 millones para Zacatecas.
La 58 Legislatura aprobó, en otro punto de su agenda, solicitar a los congresos locales y al Senado que se pronuncien en contra de la aprobación de la ley que faculta al gobierno de Estados Unidos para construir un muro fronterizo.

NO MÁS REGALOS
El grupo plural independiente llevó a tribuna una iniciativa de decreto que adiciona el artículo 29 de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios.
La idea, explicó Aquiles González, es impedir que los gobiernos estatal y municipales sigan regalando terrenos, propiedad de todos los zacatecanos, a particulares con posibilidades económicas.
El agregado que se propone establece: “En ningún caso se podrán enajenar a título gratuito bienes inmuebles patrimonio del Estado o de los municipios a sociedades mercantiles, ni empresas o establecimientos privados que tengan fines de lucro; o a personas que estén en condiciones de solvencia.
“En el caso de donación a favor de establecimientos, instituciones o personas, deberá acreditarse que el uso del inmueble se destinará a fines sociales o para vivienda de personas de escasos recursos económicos, y en el contrato se establecerán cláusula de reversión si al inmueble se le diera uso diferente...”

PIDEN AYUDA
El cabildo de Santa María de la Paz, presidido por Benjamín Robles, acudió a la 58 Legislatura para solicitar que en el presupuesto 2007 del estado, se etiquete una partida de 3 millones de pesos para ese municipio.
Requieren con urgencia, dijo el alcalde, maquinaria y equipo para la realización de obra pública y el presupuesto que tienen, sustentado en raquíticas participaciones federales, no les alcanza para cubrir las necesidades mínimas del naciente municipio.