La institucionalidad ¿alternancia o sustitución?
Se trata de lo que se ha calificado como un retroceso en el proceso de transición que, si bien magnificado en los medios, en realidad parece ser que sólo quedó reducido a una sustitución de partidos y políticos con prácticas similares y no a una verdadera alternancia Benjamín M. Romo Moreno
No cabe duda que los años del presidencialismo y del partido único generaron una idea, con su correspondiente comportamiento, de la vida democrática que difícilmente se puede borrar, e incluso da la impresión de que se arraiga nuevamente, a pesar de alternancia que, por cierto, para muchos significó la presencia real de la democracia en nuestro país.
Nos referimos en concreto al comportamiento de los miembros de los partidos políticos, a propósito de un trillado discurso sobre el respeto a las instituciones, que muestra las reminiscencias de un presidencialismo agotado, cuando menos declarativamente, en el que se presenta una figura prístina, sin posibilidad de errores o equivocaciones y mucho menos, por supuesto, favoritismos partidarios.
Así el presidente es quien decide inequívocamente y, por ello, hay que estar bien con él, lo que significa sumisión que se expresa no tan sólo en acatar las disposiciones, sino en no realizar ninguna manifestación que pueda ser interpretada como desacuerdo. En esa lógica es que tenemos que pedirles a nuestros representantes que, purificándose de toda maldad partidaria e ideológica, acudan, por el bien de Zacatecas, a la ceremonia oficial de toma de protesta, condición sine qua non para que se le apoye. Aclaramos que no estamos planteando una postura sobre su asistencia o no, sino analizando un argumento.
¿Y la institucionalidad? ¿Que no debiera, institucionalmente hablando, darles el trata respetuoso a nuestras autoridades locales y los apoyos a que tiene derecho nuestro estado? ¿Por qué es necesario rendir pleitesía? ¿Por qué se tiene que abjurar de la postura de oposición?
En efecto se trata de lo que se ha calificado como un retroceso en el proceso de transición que, si bien magnificado en los medios, en realidad parece ser que sólo quedó reducido a una sustitución de partidos y políticos con prácticas similares y no a una verdadera alternancia que, implicaría, por supuesto, cambios en las formas de conducir y hacer política que contrastaran con los del régimen pasado.
De igual manera, podemos observar la reminiscencia de las conductas del pasado en las actitudes de los funcionarios y representantes populares, miembros del partido en el poder federal, que, en el ánimo de salvaguardar la imagen del Presidente, reiteraron que no existían los recortes de los programas federales y que trataba sólo de encubrir la ineficiencia del gobierno del estado que, obvio, es decirlo, está en manos de otro partido político.
Sin embargo, el reciente anuncio de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que se van resarcir 2 mil 700 millones de pesos a las entidades federativas de los 4 mil 922 que se habían recortado, los pone en evidencia, sobre todo cuando se señala que esos recursos debieron haberse entregado los meses de octubre y noviembre.
Esas posturas que anteponen los intereses partidarios a los de sus representados y a los del Estado y la presunción de que sólo la capacidad de gestión se daba en los panistas, contradicen, de igual manera, la vida institucional ya que es la pertenencia partidaria la que determina el trata hacia los otros poderes o niveles de gobierno, lo que muestra claramente ese retroceso.
Todo ello aderezado con las voces que, en la comodidad del menor esfuerzo intelectual, sólo se atreven a descalificar las posturas diferentes como locuras.
El reto del avance democrático pasa por la autocrítica de todos y por el fin de los infalibles, tenemos la palabra.
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