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Las propuestas de cómo enfrentar el problema migratorio deben ser contempladas de manera local, en que el migrante sea el eje y se tomen en cuenta las particularidades de las comunidades de cada parte de México, señaló Karina Aria Muñoz.
La representante de la Asociación Sin Fronteras, dijo que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de crear leyes que enfrenten el problema migratorio y el Poder Judicial debe velar por el acceso a la justicia de los migrantes, sean o no documentados.
En el marco del Primer Encuentro Nacional de Comisiones Legislativas de Asuntos Migratorios, agregó que en México ocurre el fenómeno de que el flujo de mexicanos migrantes se cruza y convive con los de otros Países, ya sea que éstos también quieran llegar a Estados Unidos o bien, que nuestra nación sea su destino.
A pesar de que se desarrollen a nivel local y nacional una serie de propuestas, también deben existir acciones y compromisos con el exterior, hacia la legislación internacional, que fomenten una estrategia global para el fenómeno migratorio, en el marco del desarrollo humano, el respeto y la seguridad de las personas.
Para lograr estos objetivos debe existir coordinación entre los órdenes de gobierno y la cooperación entre organismos internacionales que tomen en cuenta las experiencias de los migrantes fuera y dentro de su País de origen.
En México, como parte de las acciones particulares para el fenómeno migratorio, se tiene prevista la creación del Consejo Nacional de Migración, que sería una instancia de consulta dedicada a investigar este tema.
Para las propuestas que se tienen pensadas impulsar se debe tomar en cuenta también a los migrantes que regresan a sus comunidades y abordar las realidades fronterizas, es decir, considerar cada frontera en lo particular y no aplicar el mismo modelo en la frontera sur que en la norte para el trato de los migrantes.
No se deben justificar las violaciones a los derechos de los migrantes cometidas en los países con el pretexto de la seguridad nacional, pues estos derechos deben ser respetados de manera irrestricta, más allá de si quienes han cruzado la frontera son ilegales o no.
La política de manejo de remesas no sólo se debe pensar en la creación de la infraestructura, sino de formar parte del desarrollo regional y el empleo.

CONCLUSIONES

Después una jornada de 11 horas de trabajo en mesas de diálogo en las que generaron propuestas académicas, legislativas e institucionales, fue clausurado el Primer Encuentro Nacional de Comisiones Legislativas de Asuntos Migratorios.
Las instituciones, fracciones legislativas, organismos civiles y participantes que participaron, coincidieron en que sus propuestas aterricen en planes y proyectos serios en beneficio de los migrantes mexicanos y latinoamericanos.
Durante el encuentro migratorio se tocaron los temas: derechos políticos de los migrantes, apoyo y protección a las familias migrantes, propuesta para legislación migratoria, propuestas de política pública en materia migratoria.
Asimismo migración internacional o políticas alternativas de desarrollo, y los espacios de integración y desigualdades sociales en las fronteras México-Estados Unidos y México-Guatemala.
Las conclusiones a las que se llegó en cada mesa de trabajo serán presentadas al Congreso de la Unión, a través de su Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
En éstas quedó reflejado que es necesario diseñar una política de Estado en materia migratoria, desde una perspectiva de derechos humanos y una visión de desarrollo.
Se debe procurar una coordinación en materia migratoria que involucre a los tres niveles de Gobierno y poderes de la Unión y además procurar una coordinación a nivel intragubernamental.
La política migratoria debe considerar las realidades fronterizas, de los diferentes Estados y considerar el papel de México como país de origen, tránsito, destino y retorno de diversos flujos migratorios.
El centro de la política migratoria debe ser el migrante y debe tener una perspectiva de género y edad.
Es necesario diseñar políticas de desarrollo nacional y local tendientes a reducir los costos de la migración y con un enfoque integral de la migración.
Un último punto fue que la legislación debe eliminar la “criminalización” del migrante y debe, en los tres niveles de gobierno, garantizar el respeto a los derechos humanos tanto de migrantes mexicanos como extranjeros.
Una inquietud de las nueve mesas de trabajo fue realizar un Segundo Encuentro Nacional de Comisiones Legislativas de Asuntos Migratorios, en el cual evaluar los avances logrados y mejorar las condiciones de vida de los migrantes.

Luego de reconocer la labor emprendida desde el ámbito legislativo, local y federal, en brindar protección a los migrantes y respaldar sus derechos fundamentales, Benito Juárez Trejo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se pronunció porque se someta a una “cirugía constante” la adecuación del marco normativo que se deriva del propio fenómeno migratorio.
Juárez Trejo sostuvo que la adecuación legal y normativa de protección a los connacionales indocumentados, debe erigirse en el marco de un esquema de aplicación real y coherente y no bajo ensueños prescriptivos del deber ser.
En su intervención, se pronunció para que la protección y el respeto de los derechos de los migrantes mexicanos se fortalezca con esquemas de participación múltiples que generen cambios sustanciales y no sólo ornamentales en el tratamiento del fenómeno.
Con la ponencia denominada “Los Derechos Humanos y su Integralidad en el Fenómeno Migratorio”, resaltó que en la actualidad hay un desequilibrio estructural del mercado laboral, que se agrava por el insuficiente crecimiento del Producto Interno Bruto y la caída del poder adquisitivo.
La consecuencia, agregó, es que los flujos migratorios han modificado las estructuras poblacionales en los municipios y los efectos que se originan a partir de dicho fenómeno han sido contradictorios con las políticas de Estados Unidos que, si bien por un lado, permiten el libre flujo e intercambio, por otro utilizan mecanismos restrictivos para el flujo de personas.
Dicha contradicción ha puesto a los migrantes bajo un estado de indefensión, que vuelve aún más vulnerables sus derechos al intentar cruzar la frontera.