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Recomiendan a los alcaldes electos evitar líos laborales

María del Refugio Hernández IMAGEN

SAN MIGUEL ATOTONILCO, APOZOL.- Eduardo Uribe Viramontes, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, advirtió a los munícipes electos sobre “lo peligroso” que puede ser el despido injustificado de personal.
Una de las actitudes que han dañado las administraciones es que los alcaldes, al ocupar el cargo “llegan sufriendo transformaciones terribles, cuando únicamente tienen a su cargo la administración; pierden el piso”, dijo.
Tal conducta influye para que los presidentes cometan “grandes errores”, como despedir personal que tiene el amparo de la ley por estar basificado.
Uribe Viramontes reveló que en los últimos años los Municipios se han visto rebasados por muchos millones de pesos debido a que no analizaron bien los casos de empleados a quienes dieron de baja.
Ese dinero pudo emplearse en la programación de más obra, sin embargo, se desperdicia por un mal asesoramiento y la contratación de abogados impreparados en materia laboral.
Por ello, el funcionario sugirió que cuiden las relaciones laborales y, si pretenden realizar algún despido, negocien y firmen convenios.
Uribe Viramontes participó en el taller dirigido a las nuevas autoridades municipales, convocado por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Ahí, detalló que en las administraciones salientes dos Municipios dejarán dos asuntos laborales que rebasan los 6 millones de pesos y en asuntos particulares, hay a quienes les deberán pagar hasta 400 mil pesos.
La intervención tanto del presidente del tribunal como de Ricardo Yasín Espino, director de Trabajo y Previsión Social, levantó inquietudes diversas entre los alcaldes.
Algunos expusieron casos particulares, como José Luis Delgadillo, de Moyahua, quien recordó que la pasada administración dejó el caso pendiente de un funcionario que tenía cinco nombramientos como jefe del mismo número de departamentos.
Aún así, dijo, el problema sigue entrampado y tal vez con la pérdida del caso por parte del ayuntamiento.
Cuestionaron además por qué los casos duran más de 4 años sin tener solución.
El auditor Jesús Limones Hernández sugirió al tribunal buscar alternativas para que los alcaldes resuelvan este tipo de problemas que dejan a los Municipios “muy castigados”.
Les informó que si presupuestaron las liquidaciones de los funcionarios, entonces “pueden irse tranquilamente”, de lo contrario, tendrán que rendir cuentas.
El presidente del tribunal pidió a los ediles electos aprender a conciliar porque “somos tan intransigentes que no queremos acordar”, y luego vienen los amparos y “con esa actitud qué se remedia”, cuestionó.
Otra situación que se da es que algunos trabajadores se aferran a quedarse, en ese caso, dijo Limones, el ayuntamiento se puede liberar del problema, al depositar la liquidación en el propio tribunal.
Ricardo Yasín, a su vez, ofreció proporcionar talleres de capacitación para los funcionarios y sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Les pidió también evitar despidos sin sustento jurídico, que lo único que hacen es cargar de pasivos laborales cuando bien pudieran emplearse esos recursos en obra pública.
Al taller también acudió Jaime Santoyo Vázquez, presidente del Colegio de Notarios de Zacatecas y el vicepresidente Daniel Infante López.
Santoyo pidió a los presidentes municipales tener como meta un mayor control catastral y agilizar los traslados de dominio, ya que con la burocracia sólo generan problemas.

Instalan puesto a media calle

Ricardo Limones IMAGEN

La estructura metálica es colocada de la noche a la mañana. (Ricardo Limones / IMAGEN)

RÍO GRANDE.- Comerciantes establecidos de la calle Guerrero, mejor conocida como Callejón del Polvorón, se manifestaron contra la instalación de un puesto a media vialidad, que reduce el espacio para los transeúntes e impide la visibilidad sus negocios.
Fernando Nahle Hernández, Martha Ayala, María Salazar y Armando Salas Campos son algunos de los inconformes, quienes resaltaron que dicha estructura de metal fue colocada en altas horas de la noche y no pudieron evitarlo, lo que calificaron de “un acto de cobardía”.
Los comerciantes fijos dijeron que no es posible que las autoridades municipales solapen “este tipo de atracos”, pues además de perjudicar la imagen de la ciudad, se permite la expansión del comercio informal.
Explicaron que como vendedores establecidos son afectados porque generan fuentes de empleo y pagan renta, luz, agua e impuestos, a diferencia de los ambulantes.
Asimismo, los quejosos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que retiren esa estructura metálica antes que la calle sea invadida por más puestos. “Queremos
ambulantes, ya que quieren hacer todo con respeto y tolerancia, y así no llegar a los extremos y aislarlo por su propia cuenta.