Planean utilizar migración para reclutar hispanos

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Jóvenes indocumentados serían legalizados al ingresar a las fuerzas armadas. (IMAGEN)

Washington.- Con el argumento de que la legalización de jóvenes hispanos ampliaría las posibilidades de su reclutamiento en el Ejército, senadores demócratas planean usar la Ley de Gastos del Pentágono para revivir la llamada Dream Act.
El senador demócrata de Illinois, Dick Durbin, planea presentar esta semana la Dream Act como enmienda de Ley de Gastos de Defensa (HR1585) para, entre otros, crear un incentivo que permita el ingreso de jóvenes latinos a las filas de las fuerzas armadas.
Con la Dream Act, los migrantes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos, antes de los 16 años y han vivido en el País al menos 5, podrían recibir su legalización condicional, que eventualmente los pone en ruta de la ciudadanía.
Sin embargo, sólo serían elegibles aquellos que se unan a las fuerzas armadas por 2 años o cursen estudios universitarios.
“La Dream Act no es un mandato para el servicio militar. Un estudiante que sea elegible puede obtener estatus legal asistiendo a la universidad”, aclaró el senador Durbin en su reciente discurso en el Senado.
“Sería inconsistente con el espíritu de nuestras fuerzas armadas, formadas por voluntarios, forzar a los jóvenes a enrolarse (en el Ejército) como condición para obtener la legalización”, puntualizó.
Pero los partidarios de la Dream Act -incluido el propio Pentágono, que endosó el plan, según Durbin- creen que la legislación crea un fuerte incentivo para el servicio militar, ya que muchos jóvenes indocumentados tienen el perfil demográfico de un soldado en potencia.
Un sondeo de la Rand Corporation encontró que un 45 por ciento de varones hispanos y un 31 por ciento de mujeres hispanas, entre 16 y 21 años de edad, tienen “alta probabilidad” de enlistarse en las filas de las fuerzas armadas.
En comparación, sólo un 24 por ciento de los varones anglos y un 10 por ciento de las mujeres blancas no hispanas tienen la misma predisposición, de acuerdo con la encuesta.
Aunque la Dream Act no distingue origen nacional, la mayor parte de los beneficiados serían hispanos, con mayoría de mexicanos.
La inclinación de los hispanos por el Ejército tiene razones económicas. Los latinos están en el sótano de ingresos en Estados Unidos y las fuerzas armadas ofrecen apoyo para el pago de la universidad, después de un periodo de servicio.
La otra opción es AgJobs, que busca regularizar a 1.5 millones de trabajadores agrícolas en un periodo de 5 años.

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Se incrementan conflictos con la aprobación de iniciativas. (Notimex)

Dallas.- Unas 104 ciudades o condados estadounidenses debatieron o aprobaron ordenanzas municipales antimigratorias en los últimos 2 años, de acuerdo con un reporte difundido esta semana por el Immigration Policy Center (IPC).
El organismo con sede en Washington explicó que las ordenanzas municipales aprobadas hasta marzo de 2007 se deben a la frustración de los gobiernos locales ante la falta de acción de las autoridades federales para resolver el problema de la migración indocumentada.
El IPC destacó, sin embargo, que ninguna de estas ordenanzas ha podido ser puesta en vigor al ser consideradas por los jueces como anticonstitucionales, debido a que las leyes para regular la migración son terreno exclusivo del gobierno federal.
Las ordenanzas también han regulado asuntos como proporcionar empleo a migrantes, adoptar el inglés como lengua oficial y que los policías locales puedan detener a indocumentados.
Los jueces, quienes han analizado las demandas interpuestas en contra de estas ordenanzas, han concluido que las mismas niegan la garantía constitucional de las personas a rentar o arrendar una propiedad.
El reporte señala además que las iniciativas han tenido efectos negativos, aun a pesar de que no han logrado entrar en vigor y sólo por el hecho de haber sido publicitadas.
“Las ordenanzas han socavado la prosperidad económica y el sentido de comunidad en las ciudades y los condados que las han adoptado”, sostiene el informe.
Las medidas, indica, han provocado también que los negocios locales resientan la pérdida de clientes y empleados y se hayan producido bajas en la recaudación de impuestos.
En su informe, el IPC sugiere que los gobiernos locales que promovieron ese tipo de medidas harían mejor si obligan a cumplir las normas existentes para enfrentar la sobrepoblación, el crimen y el uso incorrecto de los beneficios públicos.