Virginia

Autorizan revisión policial de estatus migratorio

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La policía local revisará la situación legal de los migrantes detenidos por delitos menores. (IMAGEN)

Washington.- La Junta del Condado de Prince William, en Virginia, aprobó ayer medidas para que la policía local revise la situación legal de los migrantes detenidos por delitos menores, entre ellos pasarse una luz roja o robar en tiendas.
La medida representa una expansión de esa autoridad aplicada actualmente sólo para sospechosos de violencia pandillera y otros delitos graves.
En un tema relacionado, la Junta de Supervisores postergó hasta el 16 de octubre una decisión sobre financiación para instrumentar una resolución que niega servicios a los migrantes indocumentados.
John Steinbach, de la organización Mexicanos sin Fronteras, dijo que la decisión de la junta representa una “victoria parcial” para los migrantes y señaló que es necesario continuar presionando para impedir que se financien ese tipo de medidas.
La decisión de las autoridades “tendrá un efecto escalofriante” entre los grupos minoritarios, incluyendo a los residentes legales que temerán cooperar con la policía, señaló el activista.
La policía incluye en su nueva autoridad la existencia de una “causa probable” de que el migrante esté ilegalmente en el País si la revisión correspondiente no aumenta su tiempo de detención.
La situación migratoria de víctimas y testigos de delitos no se revisará en estos esfuerzos, que tienen un costo de unos 14.2 millones de dólares para los próximos 5 años y entrará en vigor en enero próximo.
La Comisión de Derechos Humanos de Prince William indicó en un informe la semana pasada que la resolución del condado se enfoca en los daños ocasionados por los indocumentados, pero no en el impacto de su ejecución.
Señaló que en los pasados 3 meses el condado se ha visto “fracturado de maneras no vistas” desde la década de 1950 con protestas masivas, el resurgimiento del grupo racista Ku Klux Klan y denuncias de ataques a migrantes con cócteles molotov.
El grupo advirtió sobre el impacto de las medidas antimigrantes en el mercado de la vivienda porque los compradores no quieren vivir en vecindarios racistas.
Señaló que es “virtualmente imposible” aplicar la resolución de la Junta del Condado de una manera no discriminatoria a menos que a las personas se les revise su situación legal en todos los centros de servicios.
La comisión indicó que, a diferencia de la policía que podría encontrar una “causa probable” en sus procedimientos de interrogación, que también pueden ser controversiales, los empleados del condado no tienen ese tipo de referencia.
Por consiguiente, los empleados, de una manera consciente o inconsciente, harían su proceso de selección y cuestionamiento con base en el color de la piel, raza, acento u origen nacional, señaló.

Notimex

Trabajan en la construcción de una valla fronteriza. (NOTIMEX)

México.- La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, reiteró el rechazo de México a la construcción de un muro en la frontera con Estados Unidos.
Al comparecer ante la Cámara de Diputados, durante la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, la canciller también exigió que esa Nación combata en su propio territorio el tráfico ilegal de armas, de precursores químicos, así como el lavado de activos.
Dijo que dada la naturaleza transnacional del narcotráfico y el crimen organizado, México ha tomado acciones decididas y ha sentado las bases para profundizar la cooperación internacional.
Por ello, agregó, el gobierno federal tomó la iniciativa de replantear la cooperación con Estados Unidos en materia de narcotráfico y crimen organizado, y propuso un programa basado en los principios de corresponsabilidad y proporcionalidad.
Subrayó que la magnitud, poderío y sofisticación crecientes del crimen organizado transnacional obligan a realizar todos los esfuerzos al alcance de México.
Espinosa Cantellano comentó que el problema del narcotráfico debe atacarse de manera conjunta, ya que se trata de una seria amenaza a la seguridad nacional.
Al abundar sobre la construcción del muro en la frontera común, el cual “es inaceptable para México” porque “nos ofende”, dijo que en mayo pasado “con energía y firmeza el Ejecutivo, acompañado por el Congreso, exigió su inmediato retiro”.
Explicó que la cancillería a su cargo se ha concentrado en cuatro tareas fundamentales: defender los derechos de los mexicanos en el exterior y promover la cooperación para fortalecer la seguridad en el País.
Además, impulsar a México como un destino atractivo para la inversión y propiciar nuevos entendimientos que permitan dedicar más recursos al desarrollo sustentable y, especialmente al abatimiento de la pobreza.