Criminalidad y mal gobierno
Aquiles González Navarro
“Tal vez siempre ha habido inocentes que paguen por los culpables, pero si se descuida impedirlo, el proceso de la civilización termina por resultar imposible... Si se reforman las leyes para perseguir más eficazmente al delincuente, y se lo hace en detrimento de las garantías procesales y de los derechos humanos..., es porque la justicia ha dejado de ser un valor colectivo, un fin social, un propósito de gobierno... Hacer que justos paguen por pecadores no es un vicio menor. Alentarlo nos regresa inevitablemente a la intolerancia, al estallido, a la barbarie”.
Es la conclusión que nos deja el libro del eminente criminólogo mexicano, recién fallecido, Rafael Ruiz Harrell, y que lleva precisamente por título “Criminalidad y mal
gobierno”.
Procurar justicia no es una función que se restringe a perseguir y castigar delincuentes como tradicionalmente pudiera concebirse. Defender los derechos humanos es parte igualmente importante en sus tareas. Identificar y castigar al culpable tiene igual importancia que no perseguir al inocente. La protección y auxilio a la víctima es una tarea que incide, también, en la protección de los derechos humanos.
Día con día la delincuencia organizada tiene más influencia y penetración en territorio zacatecano, las causas algún día serán aclaradas; en tanto que las autoridades que debieran encargarse de la seguridad pública se concretan a minimizar, a ocultar información y, las más de las veces, con una frivolidad pasmosa, a explicar que en otras Entidades y otros Países ocurren situaciones aún más graves que en nuestro territorio. “Mal de muchos, consuelo de tontos”, dirían nuestros abuelos.
Intenta el actual gobierno presentar una imagen distinta a la percepción que tienen los zacatecanos respecto a la inseguridad, por eso no sólo oculta información, sino presiona a algunos medios de comunicación para que se hagan encubridores del estado de cosas. “El gobierno corrompe o reprime”, decía Hugo Gutiérrez Vega.
El caso ocurrido en Villa de Cos el martes 6, en el que murieron cuando menos tres niños y cuyo número de adultos fallecidos desconocemos, pudo evitarse. Si el gobierno hubiera reconocido la presencia de grupos armados en el Estado, desde hace buen tiempo hubiera establecido mecanismos preventivos para alertar a la población civil sobre los momentos y lugares de riesgo, así como las formas de protección a la sociedad civil ante hechos como el acontecido.
¿Sabían los coordinadores del Consejo Estatal de Seguridad Pública de la presencia de grupos armados en Villa de Cos? ¿Sabían del avance del Ejército hacia la cabecera de aquel municipio? ¿Lo sabían la gobernadora y sus principales colaboradores para la seguridad interior? Obviamente sí. Entonces, ¿por qué no se alertó a la población? ¿Por qué no se le dio seguridad ante todo? ¿Por qué no fue la prioridad evitar la muerte de los niños?
Tal vez Carlos Monsiváis, en su próxima visita a la Entidad, aproveche para decir a los zacatecanos: “Si vas a salir a la calle, encomiéndate a Dios; si tienes dinero, contrata guardaespaldas; si tienes dinero y eres católico, encomiéndate a Dios y contrata guardaespaldas”.
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