Incongruencias en las políticas presidenciales
La respuesta para apoyar los bolsillos de las familias mexicanas consistió en la firma de un convenio entre la Secretaría de Economía y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para aplicar descuentos a cerca de 300 productos durante los primeros meses de 2008. Se trataba de salvar la cuesta de enero y la escalada que originaría la entrada en vigor del impuesto a la gasolina Benjamín M. Romo Moreno
En el mes de octubre, cuando fue aprobado un impuesto adicional de 5 por ciento al consumo de gasolina y aunque se pospuso su entrada en vigencia hasta enero del presente, su sólo anuncio desató expectativas inflacionarias que se expresaron en una inmediata elevación de precios. Finalmente, durante el primer año de la administración calderonista la canasta básica registró un incremento del 35 por ciento, contra un 4.5 por ciento de aumento promedio en los salarios contractuales.
La respuesta para apoyar los bolsillos de las familias mexicanas consistió en la firma de un convenio entre la Secretaría de Economía y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para aplicar descuentos a cerca de 300 productos durante los primeros meses de 2008. Se trataba de salvar la cuesta de enero y la escalada que originaría la entrada en vigor del impuesto a la gasolina.
Sin embargo, la tendencia no mermó y, de acuerdo con la información oficial, la canasta básica (42 artículos: alimentos, bebidas y productos de limpieza y aseo), registró un incremento del 47 por ciento, entre diciembre 2006 y mayo 2008, atribuido al incremento en los precios de los alimentos.
Nuevamente, el gobierno federal anunció, como medida para enfrentar la carestía, el congelamiento de precios de 24 productos: alimentos, condimentos y bebidas procesadas, en 140 presentaciones y 34 marcas, del 18 de junio hasta el 31 de diciembre. Convenio que se dio a conocer por el presidente y el dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) en Los Pinos.
Sin embargo, las observaciones sobre la eficacia de la medida no se hicieron esperar. Para Banamex, por ejemplo, el acuerdo, al ubicarse sólo en algunos alimentos procesados, tiene baja cobertura de mercado y eso hace que el efecto que pueda tener para abatir las presiones inflacionarias sea marginal.
Y aunque desconocemos los costos sociales de estos convenios, lo que es claro es que estas políticas incongruentes, dado que se alejan de la postura gubernamental al interferir en el libre juego de las fuerzas del mercado y obstaculizar la libre competencia, no resuelven los problemas de crecimiento en los precios porque se carece de los mecanismos para su cabal cumplimiento y, por otro lado, porque en la fecha de conclusión se dispone de la justificación para, por la contención durante el lapso de vigencia, que los incrementos sean mucho mayores. Tal vez su única ventaja, discutible aún, sea la de aminoramiento del componente psicológico de la inflación.
Ese mismo carácter incongruente lo encontramos en la solicitud planteada por el presidente al Banco de México para que considerara la falta de créditos baratos en su política monetaria, es decir, que fuera un elemento a considerar en la fijación de las tasas de interés. La respuesta, dentro de la lógica del paradigma económico del gobierno federal, se dio en términos de que si se bajan las tasas de interés se generaría una mayor inflación y que lo fundamental es que el banco central cumpla con su función de controlar la inflación.
Lo otro, lo derivado de la petición, tiene que ver con añadirle la tarea de impulsar, mediante la política monetaria, el crecimiento, lo que constituye uno de los elementos centrales de la crítica a lo que llaman el modelo populista y que, consecuentemente, no coincide con el que mantiene hegemonía en la administración pública derivado del consenso de Washington.
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